Almoloya de Juárez, México.– Un juez de control adscrito al Centro de Justicia del penal federal de máxima seguridad del Altiplano impuso este viernes la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas.
Durante la audiencia inicial, celebrada tras su captura registrada la mañana del jueves en la carretera México-Querétaro, la Fiscalía General de la República (FGR) le formuló la imputación formal relacionada con los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala.
Solicitud de arraigo domiciliario rechazada por el juez
Durante el desarrollo de la diligencia, la defensa legal del exmandatario solicitó que la medida cautelar cumpliera bajo la modalidad de arraigo domiciliario, argumentando la avanzada edad de Aguirre Rivero y su frágil estado de salud. Sin embargo, el impartidor de justicia determinó que no se acreditaban los supuestos legales necesarios para conceder dicha excepción.
El exgobernador arribó a la sala del penal federal en silla de ruedas, externando complicaciones derivadas de hipertensión y del deterioro físico manifestado a raíz de su detención y reclusión, motivo por el cual tuvo que recibir valoración médica al interior del centro penitenciario.
La acusación de la FGR y el testimonio clave sobre los videos
En la lectura de cargos, la representación social federal expuso que la imputación se sustenta en el ocultamiento y la destrucción de evidencia fundamental vinculada con la privación de la libertad y posterior desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, perpetrada entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
El caso de la Fiscalía se basa principalmente en los testimonios de dos funcionarias de la época: Blanca “N”, exvisitadora general del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Lambertina “N”, presidenta del Poder Judicial del estado. De acuerdo con las declaraciones:
El 29 de septiembre de 2014 se hizo entrega al entonces gobernador de un disco óptico que contenía los registros de videovigilancia captados por cámaras exteriores del Palacio de Justicia.
Al día siguiente, Aguirre Rivero habría convocado a sus colaboradores más cercanos —incluido el entonces procurador de justicia estatal, Iñaki Blanco— para ordenar la ocultación y destrucción de dichos materiales probatorios.
Reacción del imputado y plazos constitucionales
Durante la exposición de los cargos, el exmandatario mostró expresiones de desaprobación y una sonrisa incrédula ante los señalamientos de la fiscalía. Aunque inicialmente se reservó su derecho a declarar, al cierre de la intervención tomó la palabra para manifestar que lamentaba los hechos sufridos por los normalistas, reiteró su disposición histórica a colaborar con las indagatorias y aseguró:
" "Yo tengo mi conciencia tranquila y en paz".
La continuación de la audiencia inicial quedó programada para el próximo martes 11 de agosto, otorgando al juez un plazo legal que vencerá el miércoles 12 a las 20:00 horas para definir si dicta o no el auto de vinculación a proceso en contra del exfuncionario guerrerense.